Por: M. Sc. Edmundo González Urrutia, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro

A tres meses de haberse iniciado la rebelión popular contra el régimen de Daniel Ortega, y, en lo que fue la tercera sesión del Consejo Permanente de la OEA para analizar la crisis de Nicaragua, el órgano regional aprobó una resolución que, entre otros puntos, reitera su enérgica condena y expresa su grave preocupación por todos los actos de violencia, represión, abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas policiales y grupos paramilitares al servicio del gobierno contra la población civil y representantes del clero en Nicaragua.

Superadas las maniobras dilatorias impulsadas por el Canciller de Nicaragua y los representantes de Bolivia y Venezuela que intentaron, sin éxito, boicotear la sesión con pretextos procedimentales y manipulaciones del reglamento,  la resolución fue aprobada por una mayoría de 21 votos y sólo tres en contra (Nicaragua, Venezuela y San Vicente. Bolivia no estuvo presente en la votación).

Para algunas delegaciones que intervinieron en la sesión, fue “vergonzoso” observar estas triquiñuelas de procedimiento utilizadas por las citadas delegaciones convertidas en “filibusteros diplomáticos” para pretender evadir la discusión de los temas de fondo de esta crisis: las más de 300 muertes, los 1800 heridos y centenares de desaparecidos provocados por la brutalidad de los ataques, la desproporcionalidad de uso de la fuerza y las ejecuciones sumarias.

Aún retumban en nuestros oídos las palabras de un grupo de jóvenes estudiantes quienes bajo el asedio de las balas de las bandas paramilitares imploraban en improvisados vídeos que dieron la vuelta al mundo: “… nos están matando… no nos dejen morir…”.

La resolución condena la represión contra los grupos opositores que ejercen su legítimo derecho a la protesta cívica; exhorta al gobierno a que apoye el calendario electoral acordado en el proceso de  dialogo nacional promovido por la iglesia católica el cual propone  adelantar la fecha de las elecciones presidenciales para el 31 de marzo de 2019; se exige el desmantelamiento de los grupos paramilitares que actúan con el apoyo del gobierno; deplora el uso desproporcionado de la fuerza para intimidar a jóvenes estudiantes, sacerdotes, periodistas y otros miembros de la sociedad civil.

Durante las intervenciones se habló con crudeza y se condenó la insensatez del gobierno, se rechazó las incitaciones al odio, la criminalización de la protesta, la estigmatización de los opositores, las brutalidades y atrocidades cometidas por los grupos paramilitares, prácticas éstas inaceptables e incompatibles con el ejercicio democrático.

Lo cierto es que hay un creciente rechazo mundial al régimen de los Ortega. Ya no solo se trata del órgano regional y del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, sino que el Grupo de Lima, la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Secretario General de la ONU han alzado su voz de condena.

Incluso, antiguos aliados políticos como el expresidente uruguayo Pepe Mujica, han alertado sobre las desviaciones autocráticas del régimen de Ortega y más allá, en su proverbial estilo, le ha enviado un claro mensaje “… en la vida hay momentos en los que hay que decir me voy…”.

El poder corrompe y el poder absoluto, como el que maneja la pareja presidencial Ortega/Murillo y su larga familia, corrompe absolutamente. Por el bien de Nicaragua y de su noble pueblo, les llegó la hora de abandonar el poder.

Caracas, 20 de julio de 2018

 

 

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